Defensa tiene edificios desprotegidos pese a la alerta antiterrorista

Vigilantes privados desarmados que llevan tres meses sin cobrar custodian sedes militares. La Capitanía de Barcelona y el Gobierno Militar de Madrid, entre las instalaciones afectadas

En plena alerta 4 por la amenaza yihadista, importantes sedes del Ministerio de Defensa llevan meses sin vigilancia armada continua en los accesos, pese a lo que manda la ley para la custodia de establecimientos militares y edificios que alberguen armas o explosivos.

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que investiga el caso, ha detectado esta desprotección en 12 sedes, entre las que se incluyen la Capitanía de Barcelona, la Subdelegación en San Sebastián y el edificio del Gobierno Militar en Madrid, según fuentes cercanas a la investigación.

A menudo no hay custodia pertrechada en las puertas, escáneres y controles de acceso porque los vigilantes no tienen licencia de armas o porque sus armeros no están legalizados y la Guardia Civil no permite su uso.

Estas carencias se han registrado en complejos de oficinas, como la Dirección de Acuartelamientos del Ejército, la Dirección de Asistencia al Personal o la Dirección de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, pero también en centros de alto valor estratégico como dos sedes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), donde se evalúan vehículos, armamento,  explosivos, drones y misiles.

"Se llevarían hasta la Tizona del Cid"

También hay armas, y muchas, en el Museo del Ejército, en Toledo, pero ninguno de sus 12 vigilantes privados lo custodia con más que sus porras porque la Guardia Civil intervino su armero el pasado viernes 9 al no estar legalizado. Por la misma razón, los vigilantes trabajaron desarmados en octubre, noviembre y diciembre pasados. "Si al museo va alguien con un kalashnikov, puede poner a los vigilantes contra la pared y llevarse hasta la Tizona del Cid", explica Jorge Aranda, presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Defensa.

La lista de sedes se completa con la Delegación de Defensa en Guadalajara, y la Escuela de Guerra, el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y la Inspección General de Sanidad en Madrid. En la Capitanía de Barcelona los accesos no han tenido vigilancia armada continua los últimos siete meses, confirman guardas del edificio. En las noches de agosto –cuando los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils- y de septiembre y octubre -las fechas más crispadas del 'procés'- un solitario vigilante "iba a pelo. Y dentro, a veces la única custodia disponible era una dotación de un sargento y cuatro soldados durmiendo", lamenta un miembro de la plantilla.

En algunas sedes afectadas, los militares han tenido que suplir a los vigilantes, "pero en numerosos casos no ha sido posible, porque no se puede generar alarma desplegando soldados en el exterior, ni los soldados pueden pedir el DNI a las visitas", relata Aranda.

"Estamos en alerta antiterrorista, y se trata de la custodia de cuarteles del Ejército, en cuyo interior hay armamento e información muy sensible de la seguridad nacional. Por eso, todo esto es muy grave", explica Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO. Su sindicato se ha dirigido tres veces a la ministra María Dolores de Cospedal contándole la situación. "La consideramos responsable máxima si pasa algo", dice Febles.

El Ministerio de Defensa no comenta la situación. La Policía ha elevado al Gobierno varias propuestas de sanción contra la empresa Novo Segur, a la que el Ministerio de Defensa paga 18,9 millones de euros por vigilar sus sedes. La investigación policial se inició en agosto pasado a raíz de una primera denuncia de Basilio Febles en nombre de los empleados de Novo Segur. La Ley de Seguridad Privada, de mayo de 2014, ordena en su artículo 40 "servicios con armas de fuego" cuando se trata de proteger "establecimientos militares" o "transporte y depósito de armas".

Meses sin cobrar

La precariedad explica la situación. Los 575 vigilantes que Novo Segur tiene desplegados en los edificios de Defensa llevan sin cobrar su sueldo desde diciembre pasado, y cobrándolo a pedazos desde el verano. Vigilantes veteranos contratados por 1.060 euros netos al mes están de baja o han dejado de acudir a sus puestos, y la empresa no los reemplaza, o los sustituye con personal sin licencia de armas.

Los servicios que actualmente incumple Novo Segur son parte de una de las contratas más cuantiosas del Estado, cuya renovación hasta abril de 2020 se licita estos días por 39,2 millones de euros. Concursan diez firmas de seguridad privada. Este miércoles 14 se han abierto los sobres de oferta económica. Hace dos semanas, se abrieron los sobres de las ofertas técnicas.

Una junta de contratación del ministerio debe decidir si renueva o no a Novo Segur, que ya acumula 1.300 incidencias de incumplimiento con Defensa, según fuentes de su plantilla. Algunos meses, las sanciones económicas por incumplimientos del contrato han sido tantas, que el ministerio directamente ha embargado el pago mensual a la contratista. La firma asumió el encargo en septiembre pasado, después de que cambiara de nombre Marsegur, anterior contratista, que a su vez había heredado el contrato de la quebrada Seguridad Integral Canaria, cuya oferta low cost eligió Defensa, pese a que sus rivales la tildaron de temeraria. Esa firma es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, controvertido empresario y presidente de la U. D. Las Palmas. En Novo Segur, su máximo directivo, Antonio Redondo, no ha querido comentar qué relación tiene la marca con Ramírez, ni el porqué de sus constantes sanciones.

Marsegur entró en una espiral de ruina en julio pasado, pero, desde que empezó a no pagar a sus trabajadores en Defensa, aún ganó nueve importantes contratos de la Administración, por un total de 2,2 millones de euros. Entre esos contratos, las sedes en Madrid y Barcelona de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Ya como Novo Segur, y sin pagar a sus empleados de Defensa, ha conseguido desde septiembre pasado siete contratos públicos estatales, por un total de 2,7 millones de euros. Entre ellos destaca la vigilancia de los edificios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Catalunya y diversas sedes de la Tesorería de la Seguridad Social.

Fuente: El Periodico.